El caso del empresario descuartizado en una valija: un jurado popular decide si tres acusados por el crimen son culpables o inocentes

Desde temprano los convocados se sentaron a responder preguntas. Sus nombres quedaron en segundo lugar y el número colgado en el cuello se convirtió en la forma de identificarse. La audiencia de voir dire o de selección de jurados llevó todo el día en los Tribunales de Lomas de Zamora. Recién cerca de las 16 se constituyó el jurado de 12 titulares y seis suplentes que durante 9 días tendrán en sus manos el futuro de Maximiliano Pilepich (47) y Nahuel Sebastián Vargas (46) y Matías Gil (31).

Los tres están acusados del crimen de Fernando Pérez Algaba (41). apodado como “Lechuga”. Era empresario, trader o vendedor de autos, depende el momento. Lo conocían en la zona oeste del GBA y hasta había intentado posicionarse en el mundo de las criptomonedas. Su hermano Rodolfo Pérez Algaba (62) es parte en la acusación y esperó ansioso los tres años que esta causa tardó en llegar a juicio.

Una mujer de 62 años, llegó hasta los Tribunales para acompañar a su hija. La madre esperó todo el día afuera de la sala de audiencias pero la mujer nunca salió. Es que no fue cuestionada por ninguna de las partes y fue seleccionada por sorteo para integrar el jurado popular que tendrá a su cargo la decisión. Cuando le informaron que se quedaría, solo pudo advertirle a través de la seguridad del tribunal que se fuera, que ella regresaría sola en un remis cuando termine -al menos por hoy- el juicio.

Vargas se puso una campera gris y masticó chicle, miró serio y agitando la pierna, nervioso, esperando el inicio del debate. Pilepich tiene un tatuaje, los eslabones de una cadena se le asoman por la patilla y también masticó chicle mientras escuchó atento al juez Juan Manuel Rial.

Gil fue el único que contó con público en la sala y sus padres lo acompañaron durante la primera jornada del juicio.

La acusación está encabezada por la fiscal Marcela Dimundo y los representantes del particular damnificado (en este caso Rodolfo Pérez Algaba) por los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro.

“Hace tres años que espero este momento. Yo lo único que espero de todo esto es justicia“, le dijo a Clarín Rodolfo Pérez Algaba, el primer testigo del debate. Esperó todo el día que seleccionen el jurado junto a su pareja. “Están mejor de salud que yo”, dijo, irónico, apuntando a los acusados del crimen de su hermano. Es que desde el crimen de su hermano bajó 20 kilos, le diagnosticaron diabetes tipo 2 y perdió los dientes.

Los acusados llegan a juicio detenidos y el jurado deberá decidir si son culpables o inocentes de homicidio triplemente agravado por alevosía, por codicia, por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego.

El debate -que se extenderá hasta el 8 de julio- está en manos del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°9 de Lomas de Zamora y será presidido por Juan Manuel Rial, quien que finalmente será quien fije las penas que corresponden a cada uno de los imputados.

Pero no solo Pilepich, Vargas y Gil son los acusados de este brutal crimen, ya que Luis Alberto Contreras (40), Horacio Mariano Córdoba (50), Fernando Gastón Martín Carrizo (36) y Flavia Lorena Bomrad (41) serán juzgados por un tribunal técnico en un juicio que aún no tiene fecha. Blanca Gladys Cristaldo (61), por su parte, está acusada de encubrimiento agravado.

Durante la instrucción y en sus declaraciones, Vargas y Pilepich se acusaron mutuamente por lo que nunca estuvo claro cuál de los dos apretó el gatillo para asesinar a Pérez Algaba. Lo cierto es que la imputación es contra los tres por el mismo delito y la pena en expectativa es perpetua.

Gil, en tanto, era empleado de la constructora de Pilepich y fue quien retiró unos documentos de reconocimiento de deuda firmados por aquel. Las antenas de telefonía lo ubican junto a la víctima y los otros dos imputados el día del crimen.

Pilepich es defendido por Enrique Tronceda, la defensa de Nahuel Vargas está en manos de Celeste Schenfeld y la de Gil por Yamil Castro Bianchi.

Según la acusación, entre las 18 del 18 de julio y las 3 del 19 de julio de 2023 Pérez Algaba se dirigió al predio “Renacer”, un emprendimiento inmobiliario en General Rodríguez, a bordo de una camioneta Range Rover blanca.

“Lechuga” tenía intención de instalarse en España y viajó exclusivamente a Buenos Aires para cobrar una deuda de 20.000 dólares que Pilepich tenía con él por la venta de terrenos del predio en el que se proyectaba la construcción de un barrio privado. Ese monto sería parte de un acuerdo de pago mayor que había sido documentado en una escribanía de Castelar.

La acusación fiscal sostuvo que Pérez Algaba recibió dos disparos “en la parte posterior del torso” mientras se encontraba cambiando una lamparita en una oficina del predio. Los proyectiles ingresaron por la espalda a una distancia “superior a los cincuenta centímetros, provocando lesiones en pulmones e hígado que derivaron en una hemorragia aguda y el fallecimiento”, según las pericias.

Para la justicia, el móvil del crimen fue la “codicia” porque esperaban, con el asesinato, eludir el pago de las deudas y la entrega de 17 de los lotes del barrio privado.

No conformes con asesinar a Pérez Algaba, los acusados coordinaron un plan para descuartizarlo y ocultar el crimen. Los restos desmembrados fueron colocados en bolsas de nylon negras y distribuidos en una valija roja, una mochila negra con inscripciones del Municipio de Lomas de Zamora y bolsas de consorcio.

Los restos de la víctimas fueron arrojados al Arroyo del Rey en la zona de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora. Las primeras partes fueron encontradas por unos chicos que jugaban a la pelota el 23 de julio, el resto los días siguientes en distintos puntos, en medio de las pericias que buscaban identificar el cuerpo.

Para la investigación fue clave el análisis de las antenas de telefonía celular, que registraron una coincidencia de ubicación entre los teléfonos de la víctima, Pilepich y Gil en las cercanías del Puente Gnecco la noche del crimen.

Asimismo, se determinó que Horacio Mariano Córdoba (Policía de la Ciudad) facilitó a Pilepich un celular perteneciente al Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires para coordinar movimientos sin ser detectados.

Cámaras de seguridad también captaron el recorrido del vehículo Ford Mondeo de Córdoba junto a otros autos de los imputados hacia la zona del hallazgo de los restos.